Por: NN. Nieva
En México, el registro obligatorio de líneas telefónicas ha dejado de ser un debate teórico para convertirse en una exigencia legal.
Tras años de intentos fallidos y resoluciones judiciales, el Estado ha implementado un mecanismo que vincula cada chip con la identidad biométrica de su usuario.
Sin embargo, esta medida coincide con un cambio estructural sin precedentes con la desaparición del organismo autónomo que durante años vigiló la protección de datos personales, el INAI.
El resultado es un escenario donde la búsqueda de seguridad pública choca frontalmente con la erosión de las garantías institucionales para la privacidad.
El historial que marca el presente
Para comprender la magnitud del momento, conviene revisar los antecedentes, en el 2009, el gobierno creó el RENAUT, un padrón nacional de usuarios que los delincuentes vulneraron y filtraron.
Esa filtración provocó su eliminación en 2011.
Más de una década después, en el2021, surgió el PANUT, que exigía el registro biométrico obligatorio.
En esta nueva disposición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional en 2022, argumentando que el Estado no podía garantizar la seguridad de información tan sensible y que la medida vulneraba derechos fundamentales al tratar a cada ciudadano como un potencial sospechoso.
Según consta en los registros de la Suprema Corte, la declaratoria de inconstitucionalidad del PANUT se fundamentó en que la recolección masiva de datos biométricos sin garantías adecuadas de protección violaba los derechos a la privacidad y protección de datos personales reconocidos en la Constitución.
La Suprema Corte estableció que cualquier sistema de registro debe contar con medidas técnicas y administrativas robustas que salvaguarden la información de los ciudadanos.
A pesar de esos antecedentes, el marco legal vigente establece la obligación de registrar las líneas móviles vinculándolas a la CURP y datos biométricos.
La transformación institucional
Lo que distingue esta etapa de las anteriores no es solo la tecnología, sino el andamiaje que la sostiene.
La reforma constitucional que eliminó los órganos autónomos incluyó la desaparición del INAI, así que sus funciones de protección de datos fueron reestructuradas dentro del aparato gubernamental, bajo un esquema que concentra la supervisión en dependencias del Ejecutivo y en un nuevo organismo descentralizado.
De acuerdo con el marco normativo que rige a «Transparencia para el Pueblo«, este organismo es la instancia encargada de resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la información pública.
Sin embargo, su naturaleza jurídica y su adscripción al Poder Ejecutivo marcan una diferencia sustancial respecto al modelo anterior del INAI, que contaba con autonomía constitucional, presupuestal y de decisión.
Esta transformación ha generado alertas entre expertos en derecho digital y en cooperación internacional, ya que la desaparición del INAI puso en revisión mecanismos de cooperación y generó alertas porque la UE y ONU ven la autonomía como requisito para intercambios de datos sensibles.
México en este 2026 está reconfigurando su sistema
Sin embargo, la confianza internacional dependerá de que la nueva autoridad demuestre independencia real y estándares técnicos.
La independencia del supervisor de datos INAI no era un detalle administrativo; era un pilar reconocido para el manejo seguro de información sensible y un requisito para mantener acuerdos de flujo de datos con bloques como la Unión Europea.
La reestructuración del sistema ha puesto en revisión estos mecanismos de cooperación, lo que impacta directamente en sectores que dependen del intercambio seguro de información transfronteriza.
La promesa de la trazabilidad
Los defensores de la medida argumentan que la identificación del titular es indispensable para combatir delitos como la extorsión telefónica y el secuestro, donde el anonimato de los chips prepago es históricamente un facilitador operativo.
Desde esta perspectiva, vincular una línea a una identidad legal acelera las investigaciones, reduce la burocracia para obtener órdenes judiciales de revelación de datos y desincentiva el mercado informal de tarjetas SIM.
Los riesgos estructurales
Sin embargo, investigadores en ciberseguridad y defensores de derechos digitales señalan contrapesos que la narrativa oficial suele omitir, y esta es la vulnerabilidad inherente de los datos biométricos.
México ha enfrentado múltiples incidentes de filtración desde bases de datos gubernamentales y privadas, por lo tanto, centralizar huellas dactilares, reconocimiento facial e iris en un solo ecosistema crea un objetivo de alto valor para ciberdelincuentes. A diferencia de una contraseña, los datos biométricos son inmutables, por lo tanto, si se filtran, la identidad digital del ciudadano queda comprometida de forma permanente.
La ineficacia operativa frente al crimen organizado
La experiencia en materia de inteligencia sugiere que las redes de extorsión y secuestro rara vez utilizan líneas registradas a nombre de sus integrantes., ellos optan por identidades prestadas, robadas o adquiridas en circuitos informales, y operan frecuentemente desde el interior de centros penitenciarios.
El registro obligatorio, por tanto, tiene un impacto disuasorio limitado sobre la delincuencia organizada, pero expone a usuarios comunes a complicaciones legales por el préstamo o venta casual de equipos.
El efecto sobre la libertad de expresión y el periodismo
Para periodistas de investigación, activistas y denunciantes, el uso de líneas no vinculadas ha funcionado como una herramienta de protección.
Un padrón centralizado elimina ese margen de seguridad operativa y coloca a fuentes y reporteros bajo un esquema de trazabilidad que puede ser utilizado para identificar contactos sensibles.
Sin INAI y con acceso a datos sin orden judicial, aumenta el riesgo de vigilancia a reporteros que cubren temas sensibles como narco, corrupción, desapariciones o protestas.
El veredicto de la realidad
El registro de celulares en México ilustra una tensión propia de la gobernanza digital contemporánea, con la implementación de herramientas de identificación masiva sin contar con contrapesos institucionales sólidos.
Registrar el IMEI de un equipo robado es una medida técnica con beneficios claros para desincentivar el hurto físico, pero obligar a la ciudadanía a entregar su biometría a un sistema que carece de un supervisor autónomo, independiente y con facultades sancionatorias reales plantea interrogantes sobre proporcionalidad y riesgo.
La seguridad pública no se consolida únicamente con bases de datos
Esta requiere inteligencia operativa, Estado de derecho y, fundamentalmente, instituciones capaces de proteger a los ciudadanos tanto del crimen como de la vulneración de sus propios datos.
En un entorno donde la desconfianza histórica hacia el manejo de información pública persiste, el reto no es solo registrar líneas, sino demostrar que el Estado puede custodiarlas sin convertirlas en un riesgo permanente para quienes las usan.
La regla es clara
Para los 130.7 millones de mexicanos, según la CONAPO, las más de 144 millones de líneas de telefonía activas en México, como lo indica la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital de Comunicaciones, perderán su funcionalidad completa al terminar la prórroga este 30 de junio de 2026.
¿Qué pasa el 1 de julio de 2026?
A partir de esta fecha, las líneas que no completen el registro serán suspendidas automáticamente, no podrán hacer ni recibir llamadas, enviar mensajes ni usar datos móviles, quedando habilitadas únicamente para llamar a números de emergencia como el 911.
Aunque las empresas telefónicas son las encargadas de ejecutar la suspensión, la disposición proviene directamente de la CRT.
Hasta mediados de junio, Infobae había reportado que solo 61.4 millones de las más de 144 millones de líneas activas en el país han sido registradas.
Lo que significa que más de 82 millones corren riesgo de perder su funcionalidad completa si no realizan el trámite a tiempo.
El reto no es solo registrar líneas antes de que venza el plazo
El verdadero desafío es demostrar que el Estado puede custodiar la biometría de millones de ciudadanos sin convertirla en un riesgo permanente para quienes la usan, y que la seguridad pública puede construirse sin sacrificar las garantías que protegen a los ciudadanos tanto del crimen como de la vulneración de sus propios datos.
La pregunta que queda abierta
México está construyendo un escudo contra la delincuencia o entregando las llaves de su identidad digital a un sistema que aún no ha demostrado poder protegerlas.
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