Violencia Institucional contra las Mujeres, el Abuso de Poder en las Estructuras Sociales

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La violencia institucional contra las mujeres es una forma insidiosa de abuso de poder que se perpetúa a través de las estructuras sociales y gubernamentales.

A menudo menos visible que otras formas de violencia, esta forma de opresión se manifiesta en políticas, prácticas y actitudes que discriminan y marginan a las mujeres en diversos ámbitos de la vida.

En el ámbito laboral, las mujeres enfrentan barreras sistemáticas que limitan sus oportunidades de empleo y avance profesional. La brecha salarial de género persiste, con las mujeres ganando menos que los hombres por el mismo trabajo, mientras que los sesgos de género influyen en las decisiones de contratación y promoción.

Falta de políticas

Además, la falta de políticas de licencia parental equitativas y el acoso sexual en el lugar de trabajo son ejemplos claros de violencia institucional que perpetúa la desigualdad de género.

En el sistema de justicia, las mujeres enfrentan obstáculos para acceder a la protección y el apoyo adecuados en casos de violencia doméstica, agresión sexual y discriminación.

Los estereotipos de género arraigados en el sistema judicial a menudo minimizan o ignoran las experiencias de las mujeres, dejándolas vulnerables a la revictimización y la impunidad de los agresores.

En el área de la salud

En el ámbito de la salud, las políticas restrictivas sobre el acceso al aborto y otros servicios de salud reproductiva limitan la autonomía y el derecho de las mujeres a tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y su bienestar.

Además, la falta de atención y recursos adecuados para abordar cuestiones de salud específicas de las mujeres, como la salud menstrual y la violencia obstétrica, perpetúa la desigualdad y el sufrimiento innecesario.

Para abordar la violencia institucional contra las mujeres, es necesario un enfoque integral que cuestione y transforme las estructuras y normas sociales arraigadas en la desigualdad de género.

Esto incluye la implementación de políticas y prácticas que promuevan la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad, así como el fortalecimiento de los derechos y la protección de las mujeres en todas las esferas de la vida.

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