Por: NN Nieva
La solicitud de desafuero desató un choque político inmediato en Veracruz, revelando las fracturas de un sistema donde la justicia y la conveniencia partidista suelen caminar por senderos distintos.
Desde el primer momento, las posturas se polarizaron con la velocidad que caracteriza a la vida pública veracruzana.
Casos investigados el asesinato de Roxana Guzmán y la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López
Roxana Guzmán era una periodista de la zona sur del estado, especializada en temas de seguridad y crimen organizado.
El 2 de junio de 2026, fue secuestrada en Nanchital.
Días después, su cuerpo apareció sin vida y la Fiscalía General del Estado de Veracruz, sostiene que existen testimonios y registros telefónicos que vinculan al alcalde Raúl González Martínez con el crimen.
Aunque los detalles completos permanecen bajo reserva ministerial, la imputación se centra en la presunta autoría intelectual y en la protección que habría brindado a un grupo criminal para operar en su municipio.
Por otra parte, la desaparición de Héctor Ramos Sánchez y a su escolta Ignacio López, desaparecidos el 14 de mayo de 2026 en la zona costera de Chachalacas.
Es investigada de igual manera, por la Fiscalía General del Estado de Veracruz donde se investiga la presunta relación del alcalde Bertín Bravo Montero con los hechos.
No se le señala como autor intelectual, sino por omisión y encubrimiento, al permitir que infraestructura municipal fuera utilizada para la logística del secuestro.
La información oficial se mantiene bajo estricta reserva, lo que ha generado especulación en medios y organizaciones civiles.
El Gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle, respaldó sin reservas la acción de la Fiscalía
Se trata de un paso firme contra la impunidad, una señal de que las instituciones pueden funcionar cuando los hechos lo exigen.
La mandataria ha insistido en que el proceso debe seguir su curso natural, sin interferencias políticas, y ha recordado que la autonomía de la Fiscalía es un principio que debe respetarse por encima de cualquier consideración partidista.
Del otro lado del espectro político
Por otro lado Movimiento Ciudadano alzó la voz con una denuncia contundente, persecución política.
Según esta versión, el proceso de desafuero no responde a la gravedad de los delitos investigados, sino a una estrategia de acoso contra los gobiernos municipales.
En medio de estas posturas encontradas, el Congreso de Veracruz enfrenta una presión que no proviene únicamente de los pasillos del poder, sino de la calle.
Organizaciones civiles, periodistas y empresarios han alzado la voz exigiendo transparencia y justicia
No piden favores ni concesiones, solo piden que la ley se aplique por igual, sin importar el color político de quien esté en el banquillo.
Las voces de la sociedad no son un coro homogéneo, pero convergen en una demanda común, mientras que los colegas de Roxana Guzmán consideran que la solicitud de desafuero es un paso necesario aunque insuficiente.
La frase resume el sentimiento de una comunidad periodística que ha aprendido, a golpes, que la justicia en México suele ser un proceso lento y en ocasiones incompleto.
Por su parte, los empresarios de la región han exigido garantías para operar tras la desaparición de Héctor Ramos Sánchez y su escolta.
La exigencia es simple pero poderosa, porque detrás de ella hay una realidad económica que sostiene a miles de familias en la zona centro-sur de Veracruz.
El proceso de desafuero tiene tiempos definidos por la ley, y cada día cuenta
El Congreso notificó formalmente a los alcaldes, quienes disponen de siete días hábiles para presentar su defensa.
Es un plazo corto para un asunto de esta magnitud, pero suficiente para que los equipos legales preparen sus argumentos.
La Comisión Instructora deberá analizar los expedientes, escuchar a las partes y emitir un dictamen que luego será sometido al Pleno del Congreso del Estado de Veracruz.
La ley es clara en un punto fundamental: el fuero no es impunidad, pero su retirada es un proceso político que requiere votos.
Esta distinción es crucial, porque recuerda que los diputados no actúan como jueces, sino como legisladores que deben decidir si existe fundamento para que la justicia ordinaria actúe.
Si el Pleno aprueba el desafuero, González Martínez y Bravo Montero quedarían a disposición de un juez de control, enfrentando cargos que podrían culminar en penas de prisión de varias décadas.
Si lo rechazan, la Fiscalía tendría que esperar a que terminen sus mandatos para proceder, o buscar otras vías legales, lo que desataría una crisis de legitimidad institucional sin precedentes.
El caso de Veracruz no ocurre en el vacío histórico
Se suma a una lista de procesos de desafuero que han marcado la política mexicana en las últimas dos décadas, cada uno con sus particularidades y sus lecciones.
En 2005, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue acusado de desacato judicial.
El proceso se convirtió en un símbolo de persecución política para sus seguidores y catapultó su popularidad a niveles que definirían el rumbo electoral del país.
En 2010, Julio César Godoy, diputado federal del PRD, fue desaforado por vínculos con el narcotráfico, un caso que evidenció la infiltración del crimen organizado en las instituciones legislativas.
En 2021, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Aunque la Cámara de Diputados aprobó el desafuero, el Congreso local lo protegió, demostrando que los equilibrios políticos regionales pueden frenar incluso las decisiones más respaldadas a nivel federal.
Más recientemente, en 2025, Cuauhtémoc Blanco, diputado federal de Morena, enfrentó una solicitud de desafuero por presunto delito de violación en grado de tentativa, un caso que puso a prueba los mecanismos de rendición de cuentas dentro del propio oficialismo.
El caso veracruzano se distingue de todos estos precedentes por una razón fundamental
No se trata de desacatos judiciales ni de acusaciones patrimoniales, sino de presuntas vinculaciones con el homicidio de una periodista y la desaparición de un empresario y su escolta.
Esta particularidad lo convierte en un precedente en la política municipal mexicana, porque establece un estándar sobre hasta dónde puede llegar la impunidad cuando el poder local se entrelaza con el crimen organizado.
El desafuero solicitado por la Fiscalía de Veracruz no es solo un trámite legislativo, sino que es un espejo de las tensiones que atraviesan la democracia mexicana, un momento en el que las instituciones deben demostrar si pueden funcionar cuando más se les necesita.
El fuero, concebido originalmente como una garantía para el ejercicio libre de la función pública, se ha convertido en ocasiones en un refugio de impunidad, un escudo que protege a quienes deberían ser los primeros en someterse a la ley.
Hoy, la decisión de retirar esa protección a dos alcaldes acusados de delitos graves representa un momento de definición para Veracruz
No se trata únicamente de resolver expedientes judiciales o de seguir protocolos legislativos.
Se trata de demostrar si las instituciones veracruzanas son capaces de enfrentar la violencia y la corrupción que han marcado la vida pública del estado durante décadas.
Se trata de mostrar que el poder no está por encima de la ley, sino subordinado a ella.
La memoria de Roxana Guzmán y la ausencia de Héctor Ramos junto con su escolta Ignacio López, aún esperan respuestas, son recordatorios de que la justicia no puede esperar.
Cada día que pasa sin resolución es un día más de incertidumbre para quienes buscan verdad y reparación.
El Congreso de Veracruz tiene en sus manos más que un voto
Tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro a la sociedad, a los otros poderes del estado y a los grupos criminales que operan en las sombras, que en Veracruz, la ley está por encima del poder.
La decisión que tomen en los próximos días no solo definirá el destino de dos alcaldes, sino que marcará el rumbo de la justicia en una de las entidades más complejas del país.
Y en ese camino, la memoria de las víctimas exige que el resultado sea justo, transparente e irreversible.
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