Asociación de Periodistas exige protección federal para comunicador oaxaqueño tras denunciar amedrentamiento
La Asociación Nacional de Periodistas «Libertad de Expresión» demandó la intervención urgente de las autoridades federales y del estado de Oaxaca para implementar medidas cautelares en favor del periodista Ernesto Rojas Ayuzo, ante el incremento de intimidaciones y hostigamiento vinculados a su labor informativa.
Mediante el comunicado APLE-001
El cual se emitió este 2 de septiembre, el comité ejecutivo de la agrupación solicitó la evaluación inmediata del nivel de riesgo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El pronunciamiento busca frenar las agresiones dirigidas hacia el comunicador oaxaqueño y salvaguardar la integridad física de su núcleo familiar.
Antecedentes judiciales e implicación de funcionarios estatales
La postura del gremio surge luego de que Rojas Ayuzo interpusiera denuncias ante las instancias legales correspondientes, destacando una acusación formal contra el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López.
El periodista señaló al funcionario estatal como presunto responsable de actos de agresión y amedrentamiento derivados de la publicación de informaciones de interés público.
Adicionalmente, la organización periodística manifestó su preocupación por el manejo de documentación oficial expedida por la Secretaría de Gobierno de Oaxaca en torno a las solicitudes de protección presentadas por el comunicador.
La asociación instó al gobernador Salomón Jara Cruz, al fiscal estatal José Bernardo Rodríguez Alamilla y a las autoridades de seguridad locales a conducirse bajo el marco de la legalidad y el debido proceso.
Llamado a la acción preventiva de las instituciones
El organismo civil remarcó que las labores de protección institucional deben operar de manera preventiva y no reaccionaria frente a agresiones consumadas.
La dirigencia nacional encabezada por Juan de Dios Sánchez Abreu sostuvo que la libertad de investigación periodística no debe estar sujeta a presiones directas o indirectas ejercidas por servidores públicos.
Finalmente, la representación gremial convocó a organismos internacionales de derechos humanos a dar seguimiento puntual al expediente administrativo y penal del comunicador.
La solicitud enfatiza la responsabilidad de las autoridades locales y federales para evitar mayores afectaciones al ejercicio periodístico en la entidad.
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